Mucho se ha dicho sobre la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, implementado desde el año 2008 y aplicado gradualmente en el estado de Puebla en Junio del año 2016, sin embargo su operatividad no ha sido la esperada por la mayoría de la población y a un año de su implementación no ha dado los resultados esperados; muchos defienden el mismo manifestando que hace falta tiempo de adecuación, pero la realidad es una, existen registros de personas que han infringido la ley en este tiempo de adecuación y han ingresado a las fiscalías hasta por 400 veces sin que el ministerio público -refieren- haya sido capaz de probar y comprobar que esta persona es un riesgo y que debe aplicarse la medida cautelar de la prisión preventiva.

Bastante complicado es para los ministerios públicos que prefieren salirse por la tangente a enfrentar un juicio y probar lo ya mencionado que no es nada fácil con las exigencias del nuevo sistema de oralidad, la realidad es que en efecto una de las características de este sistema es despresurizar los centros de reinserción social, cosa que si está sucediendo; por poner un ejemplo, en el Cereso de San Miguel existía una población de más de 4000 personas privadas de su libertad y al día de hoy solo un poco más de 2000, lo que representa un disminución del 50 % en promedio y desde el año pasado en la mayoría de Ceresos ya no se registran ingresos de personas que hayan cometido algún delito, lo que es un hecho es que los delitos se incrementaron en un 100% o más, pues con el principio de derecho de que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, la percepción de la sociedad es culpable, inocente o impune.

Lo curioso es que las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y de aplicar la misma están careciendo de credibilidad de gran manera y hoy por hoy la ciudadanía prefiere hacerse justicia por su propia mano. Es preocupante que aun cuando pudiese existir una policía eficaz o eficiente que en un supuesto pudiera capturar a las personas que cometen ilícitos, éstos no procederían o no están procediendo una situación por demás delicada.

Es decir ni eficaz ni eficiente el nuevo sistema de Justicia Penal. Urgen adecuaciones de forma y de fondo porque el Estado está perdiendo el control de la gobernabilidad en ese sentido tan importante como lo es la Seguridad Pública. Amén de la capacitación que exigen a los policías como primer respondiente que es la aplicación de todo un peritaje el que debe elaborar sin práctica y sin capacitación; así, el nuevo sistema no es malo solo que no se cuenta con los salarios, capacitación y adiestramiento del personal que representa a las instituciones de Seguridad pública.